Cuando la sangre llega al río

La muerte de Nisman–y más en general el enfrentamiento entre el gobierno argentino y el poder judicial–hacen recordar el argumento de Milan Svolik sobre la intervención de los militares en política (este libro, cap. 5).

¿Por qué los militares hacen golpes? A primera vista la respuesta parece obvia: porque sus preferencias políticas difieren de las del gobierno de turno. Pero organizar un golpe implica un riesgo, porque si las cosas salen mal los cabecillas pueden esperar ser pasados a retiro, y el país puede llegar a caer en una guerra civil. En otras palabras, para los militares el mejor de los mundos posibles es uno donde la amenaza de un golpe es suficiente para inducir al gobierno a cambiar sus políticas. Pero si las autoridades civiles intuyen que los militares no quieren sacar los tanques a la calle, van a hacer caso omiso de las amenazas que reciban (o cumplir con ellas sólo en parte). Dependiendo del nivel de credibilidad del que goce la amenaza de dar un golpe, las relaciones cívico-militares pueden van a estar caracterizadas por uno de tres equilibrios:

  1. Sujeción militar al poder político. Cuando la amenaza de lanzar un golpe nunca es creíble, las autoridades civiles implementan sus políticas preferidas y los militares obedecen sin chistar. En otras palabras, no hay golpes porque las fuerzas armadas son muy débiles. Ejemplos: países desarrollados, Argentina post-1995.
  2. Tutela militar. Cuando el gobierno depende absolutamente del apoyo de los militares, la amenaza de golpe es tan creíble que las decisiones del poder civil están absolutamente subordinadas a las preferencias castrenses. Pero aunque los militares tienen mucho poder, los golpes son escasos porque no resultan necesarios. Ejemplos: El Salvador durante la segunda mitad del s. XX.
  3. Riesgo calculado (“brinkmanship“). Cuando la amenaza de intervención militar no puede ser descartada de plano pero tampoco resulta enteramente creíble, los militares y el gobierno se embarcan en un juego de póker: los unos piden más de lo que esperan obtener, el otro estima que puede evitar un golpe dando menos de lo que le piden. En otras palabras, nadie sabe hasta dónde el otro está dispuesto a ceder, y entonces ambos tratan de correr los límites un poco más allá, hasta que alguno comete un error de cálculo:

Military interventions occur when, in this push-and-shove play for influence between the military and the government, the latter oversteps and “rocks the boat” too much. (Milan Svolik, The Politics of Authoritarian Rule, Cambridge University Press, 2012, ch. 5)

El enfrentamiento entre el kirchnerismo y la justicia puede ser descrito con la misma lógica. Por supuesto, el poder judicial no hace golpes pero decide estratégicamente si investiga a los funcionarios gubernamentales que cometen delitos. Pero como en el caso anterior, independientemente de quién gane la pulseada, tanto el gobierno como los jueces están mejor si no hay conflicto: si a la larga va a ganar el gobierno, jueces y fiscales prefieren no quedar marcados como enemigos del poder de turno; mientras que si va a predominar la justicia, los funcionarios gubernamentales prefieren no incurrir en comportamientos que puedan ser juzgados. Como en el caso de las relaciones cívico-militares, esto da lugar a tres equilibrios:

  1. En un escenario de subordinación judicial al poder político, ningún juez o fiscal investiga a los funcionarios de turno porque es absolutamente inútil; los únicos políticos investigados–posiblemente con causas armadas–son los de la oposición. Como en el caso de la sujeción militar al poder político, el conflicto no existe: si a algún funcionario judicial quijotesco se le ocurre investigar al poder de turno, es removido inmediatamente de su cargo.
  2. Cuando se respeta la independencia judicial, jueces y fiscales se sienten en libertad de investigar, porque el gobierno no puede responder cargando contra el poder judicial. Por supuesto, los funcionarios acusados tienen el derecho a defenderse, pero dicha defensa de limita a una causa concreta; la investigación de un funcionario, por importante que sea, no termina en un conflicto con el poder judicial in toto.
  3. Cuando el poder judicial no es completamente autónomo pero tampoco opera como un apéndice del poder político, el resultado es un enfrentamiento entre poderes que vemos en la Argentina de hoy: unos disparan con causas e investigaciones no siempre creíbles, en tanto que los otros responden con presiones, operaciones mediáticas, y reformas institucionales destinadas a subordinar la justicia al poder de turno. Como en el caso de las relaciones cívico-militares, aunque ninguna de las partes quiere el conflicto, ambas tienen incentivos para exagerar su posición y descubrir dónde están los límites. Hasta que la sangre termina por llegar al río.

Desde mediados de los 90, la Argentina se encuentra empantanada en este último equilibrio. La acusación de Nisman y su muerte son tanto un reflejo de ello como un intento de extender los límites un poco más allá y establecer un equilibrio diferente. Nuestra reacción va a determinar con qué nos vamos a encontrar mañana: si la muerte de Nisman permanece impune, la muerte del fiscal que acusó a la presidenta va a colgar como espada de Damocles sobre el resto de los funcionarios judiciales, independientemente de que el gobierno sea el responsable directo de su muerte; sólo si el caso se resuelve de manera satisfactoria vamos a avanzar a un escenario donde jueces y fiscales se sienten dispuestos a investigar al poder de turno.